
El pasado lunes 28 de abril de 2025, España vivió un apagón histórico que dejó sin electricidad a toda la península ibérica durante varias horas. Este suceso, conocido como «el apagón del siglo», tuvo consecuencias económicas significativas que aún se están evaluando.
Causas del apagón
Según expertos, el apagón fue causado por un fallo de gestión por parte de Red Eléctrica de España (REE). Aunque el Gobierno y REE insisten en que no hubo errores técnicos, especialistas apuntan a una incorrecta planificación de energía síncrona (hidráulica, gas y nuclear), esencial para mantener la estabilidad del sistema eléctrico. El incidente se originó por una sobreoferta frente a una baja demanda, lo que provocó una peligrosa sobretensión de hasta 470.000 voltios, sobrepasando los límites operativos. La insuficiencia de fuentes con inercia impidió corregir el desequilibrio, causando el colapso del sistema.
De los 26 GW planificados, solo 5 GW eran síncronos, con varias plantas hidráulicas y nucleares fuera de servicio por mantenimiento. El sistema francés se desacopló a tiempo gracias a su limitada interconexión, evitando un efecto dominó. Tras el suceso, aumentó drásticamente el uso de ciclos combinados, encareciendo el precio de la luz en un 500%. La industria solar se defendió ante acusaciones, insistiendo en que sus plantas cumplieron las normativas. El presidente Pedro Sánchez anunció medidas para evitar futuros apagones y exigió responsabilidades a los operadores implicados.
Impacto económico del apagón
El apagón tuvo un impacto económico significativo en España. La Comunidad de Madrid cifró en más de 300 millones de euros las pérdidas derivadas del apagón eléctrico ocurrido el 28 de abril. Esta cifra es provisional y difícil de calcular con precisión, pero afecta especialmente a autónomos, pymes y sectores como la hostelería y la distribución debido a productos perecederos que se dañaron. A nivel nacional, los empresarios estimaron pérdidas superiores a 1.000 millones de euros, aunque reconocen que aún es pronto para hacer valoraciones definitivas.

Además, el coste para las empresas de toda España del apagón eléctrico puede ascender a casi 1.600 millones de euros. La patronal CEOE y la escuela de negocios Esade coinciden en esta estimación. Las restricciones a la actividad derivadas de la falta de suministros y los problemas hasta restablecer la normalidad pueden llegar a restar una décima del PIB de 2025. Los sectores más perjudicados fueron aquellos con alta dependencia energética, como la hostelería, el comercio y la industria.
Por ejemplo, la organización de autónomos UPTA estimó que una cafetería con hasta tres empleados perdió unos 600 euros, un restaurante con esa misma plantilla perdió unos 1.500 euros, y un fisioterapeuta autónomo perdió unos 250 euros. Estas pérdidas se deben a la imposibilidad de operar durante el apagón y la necesidad de compensar a los empleados por las horas no trabajadas.
Repercusiones a largo plazo
El apagón también tuvo repercusiones a largo plazo en la economía española. La interrupción de la actividad económica afectó la producción y distribución de bienes y servicios, lo que generó escasez de productos y aumentó los precios en algunos sectores. Además, la falta de electricidad dificultó el acceso a servicios esenciales como la atención médica, el transporte y las comunicaciones.
La crisis energética también puso en evidencia algunas debilidades de la transición hacia energías renovables, como la falta de preparación técnica de la red para absorber picos de intensidad de fuentes como la solar y eólica. Aunque Red Eléctrica Española niega que estas fueran la causa del incidente, informes previos ya advertían sobre posibles desconexiones. La falta de planificación y coordinación en el sistema eléctrico contribuyó al colapso.
Conclusión
El apagón en España fue un evento sin precedentes que tuvo un impacto económico significativo. Las causas del apagón están siendo investigadas, pero se ha identificado una gestión inadecuada de la red eléctrica como uno de los factores principales. Las pérdidas económicas se estiman en más de 1.000 millones de euros, afectando especialmente a autónomos, pymes y sectores como la hostelería y la distribución. Este incidente resalta la necesidad de mejorar la infraestructura energética y la planificación para evitar futuros apagones y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.